Texto íntegro del Presidente del Gobierno de la CAV Ibarretxe presentando su Plan al Parlamento de Gasteiz el 26 de septiembre de 2003.
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Segunda Parte:

Nuestro compromiso con el desarrollo de un nuevo Pacto Político para la Convivencia

Fruto del proceso de debate y de las aportaciones recibidas, el Gobierno, en el ejercicio de nuestra competencia y responsabilidad, ha realizado un esfuerzo de consenso interno que nos ha permitido dar respuesta al compromiso que asumimos ante la sociedad en septiembre del pasado año. A este respecto, voy a trasladarles, en nombre del Gobierno, la Propuesta de un nuevo Pacto Político con el Estado, en desarrollo de las 10 bases que adelanté en esta Cámara en el pasado Debate de Política General.

En todo caso, deseo anunciarles que todos los aspectos y contenidos que, de forma nítida y clara, se recogen en esta propuesta, se plasmarán posteriormente en un texto articulado de un nuevo Estatuto Político Vasco, que será aprobado en el seno del Consejo de Gobierno el próximo 25 de octubre como proyecto de Ley de reforma del Estatuto actualmente vigente, y posteriormente será depositado en esta Cámara para su conocimiento, estudio, debate y votación.

Antes de comenzar a desgranar los contenidos de la Propuesta de nuevo Pacto Político para la Convivencia, permítanme puntualizar una serie de consideraciones que enmarcan esta Propuesta:

El Gobierno Vasco ostenta toda la legitimidad jurídica para presentar ante esta Cámara una propuesta de reforma y modificación del Estatuto aprobado en 1979. 

Y lo hace, de conformidad con las propias previsiones estatutarias recogidas en su artículo 46, que atribuyen al Gobierno Vasco, al Parlamento Vasco o a las Cortes Generales del Estado, la iniciativa de reforma estatutaria.

De la misma forma que el Gobierno Vasco no niega la capacidad de ejercer este derecho a las otras dos instituciones legitimadas para ello, exigimos que, en correspondencia, se nos respete y reconozca nuestra legitimidad jurídica para ejercer esta iniciativa.

El Gobierno Vasco tiene toda la legitimidad política y social para realizar esta Propuesta.

Este Gobierno, integrado por tres partidos de sensibilidades distintas, como son el PNV, EA e Izquierda Unida, es depositario de la legitimidad democrática e institucional, que le otorga el hecho de ser un Gobierno apoyado por 684.000 votos, lo que supone el 47,7% del censo total de votos emitidos. Como dato comparativo, el actual Gobierno de España, que tiene mayoría absoluta, dispone del apoyo de un 44,2% de los votantes.

La Propuesta, en definitiva, tiene toda la legitimidad social, porque responde a la exigencia de cambio de una amplia mayoría de la sociedad vasca,  sobre la base del respeto mutuo y de la libertad para decidir nuestro propio futuro.

La Propuesta es un compromiso del Gobierno y del Lehendakari con la sociedad vasca. Esta Propuesta no es, por tanto, ningún invento o el "sueño de una noche de verano", sino un compromiso asumido ante los ciudadanos y ciudadanas vascas y recogido en nuestro Acuerdo de Gobierno, y es, también, un compromiso institucional que da respuesta al mandato parlamentario aprobado el pasado 12 de julio de 2002, en el Pleno de esta Cámara.

La Propuesta no se plantea en términos de ruptura, sino de convivencia.

No se presenta, por tanto, para romper sino para convivir juntos, respetándonos. Proponemos una relación amable de Euskadi con el Estado español que responde a una interpretación abierta y flexible de la Constitución, al amparo de su disposición adicional primera y de su disposición derogatoria segunda, y de conformidad con lo previsto en la disposición adicional del Estatuto de Gernika.

Nuestro planteamiento es un nuevo modelo político de relación basado en la voluntad democrática de la sociedad vasca y en el respeto y actualización de los derechos históricos del Pueblo Vasco, recogidos en el Estatuto y en la Constitución.

No hay dificultades jurídicas que no puedan superarse si existe voluntad política. No es cierto que los textos legales impidan alcanzar un nuevo Pacto político. No nos escudemos en barreras jurídicas. La voluntad mayoritaria de la sociedad vasca puede y debe ser incorporada al ordenamiento jurídico. Las normas deben responder a la voluntad democrática de la ciudadanía y de los pueblos, porque el derecho es un instrumento al servicio de las sociedades para mejorar la convivencia.

La Propuesta presentada, no es el proyecto político del PNV ni es el proyecto de Eusko Alkartasuna, ni el de Izquierda Unida, ni sustituye sus estatutos, es la propuesta institucional del Gobierno Vasco, con toda la importancia que esto significa y, por tanto, no agota el debate político ni el debate social. Es una parte importante de la solución, pero no es toda la solución. Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluídos los partidos que forman parte de este Gobierno, están legitimados para plantear sus propias consideraciones y aportaciones a lo largo del debate parlamentario. La Propuesta es una base de partida presentada por el Gobierno y todo su contenido, desde la primera coma hasta la última, es susceptible de ser corregido, si estas modificaciones aglutinan un consenso mayor que el inicialmente presentado.

El carácter democrático preside todo el proceso y el resultado final del mismo.

En democracia, cualquier proyecto puede ser presentado y defendido de forma pacífica y democrática, porque al final será la sociedad vasca, todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas, los que, con nuestro voto personal e intransferible, podremos ratificar, en último término, el modelo de relación y de convivencia que deseamos, tanto internamente como con el Estado español.

La normativa europea en ningún caso impide o prohíbe un modelo de relación interno entre Euskadi y el Estado español basado en la libre asociación y en la soberanía compartida. Tampoco impide, sino que alienta e impulsa, las relaciones de cooperación transfronteriza entre regiones y territorios, con lazos culturales, históricos o económicos comunes, pertenecientes a diferentes Estados.

No utilicemos, por tanto, como subterfugio a Europa.

La presencia normalizada de las entidades subestatales y de las nacionalidades y regiones en los distintos órganos y procesos de decisión de la Unión Europea están contemplados expresamente en la normativa comunitaria y están siendo aplicados con toda naturalidad por muchos estados miembros.

La propuesta no prejuzga ni condiciona el desarrollo del actual modelo del Estado español.

Es una Propuesta compatible con el desarrollo futuro de un Estado compuesto, plurinacional y asimétrico, y no nos corresponde prejuzgar el desarrollo del modelo de Estado ni la tendencia que legítimamente le quieran imprimir otros Pueblos. No planteamos esta Propuesta para obligar a los demás a seguir nuestro camino, ni para impedirles que sigan el suyo. La hacemos porque deseamos encontrar una fórmula de convivencia que nos permita dar respuesta a la voluntad de la sociedad vasca y garantizar el respeto a nuestra identidad nacional en el seno del Estado español.

La Propuesta que presentamos compromete, única y exclusivamente, a la Comunidad de Euskadi, integrada por los Territorios de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, en un nuevo Pacto Político de relación en el Estado español. Desde esta perspectiva, en la propuesta se manifiesta laramente el respeto a los ciudadanos y ciudadanas de los territorios de Iparralde y a los de la Comunidad Foral de Navarra, para decidir libremente el marco de relaciones internas y externas que desean tener. Propuesta, sin duda, más respetuosa con las decisiones democráticas de cada cual que la previsión de "incorporación" que hace la Constitución española.

El derecho de los pueblos a decidir su propio futuro es uno de los fundamentos básicos de la convivencia y de la democracia, y está recogido expresamente, entre otros convenios internacionales, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta Constitutiva de la Organización de las Naciones Unidas y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificados por el Reino de España.

En el ámbito de Euskadi, este derecho fue, además, proclamado institucionalmente por la mayoría absoluta del Parlamento Vasco, el 15 de febrero de 1990.

En base a estas consideraciones, a continuación voy a formular el contenido del nuevo Pacto Político para la Convivencia.

El nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi contendrá un Preámbulo en el que se recogen tres pilares y una Declaración Política.

El Pueblo Vasco existe como Pueblo, con una identidad propia, desde los albores de la historia. Por todo ello, y como integrantes del Pueblo Vasco, los ciudadanos y ciudadanas de  los Territorios de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, que conformamos la actual Comunidad de Euskadi, reivindicamos el derecho a decidir nuestro propio futuro.

Este es un derecho democrático irrenunciable, porque quien nos niega la capacidad de decidir tendrá que negarnos, primero, nuestra identidad como Pueblo, y después, una vez superada la evidencia, tendrá que seguir negando la democracia para seguir negándonos el derecho a decidir nuestro propio futuro.

En consecuencia, el desarrollo de esta base supone incorporar el reconocimiento oficial de la nacionalidad vasca, así como el derecho de los ciudadanos y ciudadanas vascas a decidir su propio futuro.

Asimismo, en esta base se desarrolla el compromiso de las Instituciones vascas para velar, defender y garantizar el ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas vascas, especialmente los más directamente vinculados con los derechos humanos, la participación de la sociedad civil y el derecho al buen gobierno y a una administración eficaz.

A tal efecto, en la regulación articulada de la propuesta se contemplan, entre otros, los siguientes aspectos y contenidos:

Como instrumento esencial para ejercer el derecho a decidir de la ciudadanía vasca, se atribuye al Parlamento Vasco la capacidad de regular y gestionar la realización de consultas democráticas por vía de referéndum.

Evidentemente, la capacidad de realización  de consultas democráticas no constituye un elemento esencial de la estructura del Estado. Por lo tanto, el ejercicio de nuestro derecho a decidir es coherente con la disposición adicional primera de la Constitución y con la voluntad democrática de autogobierno de la sociedad vasca.

De conformidad con la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, que interpreta el derecho internacional vigente, se incorpora el compromiso de no ejercer unilateralmente el derecho de autodeterminación y el reconocimiento explícito de la obligación de abrir un proceso de negociación y pacto con el Estado.

En este sentido, cuando las consultas planteen alterar, íntegra o sustancialmente, el modelo y régimen de relación política con el Estado español, así como las relaciones con el ámbito europeo e internacional que se regulan en el nuevo Estatuto, y los ciudadanos y ciudadanas vascas, en el ejercicio democrático de su libre decisión, manifestaran su voluntad clara e inequívoca al respecto, las Instituciones vascas y las del Estado se entenderán comprometidas a garantizar un proceso de negociación para establecer las nuevas condiciones políticas que permitan materializar, de común acuerdo, la voluntad democrática de la sociedad vasca.

Se reconoce formalmente la condición de ciudadanía vasca a todas las personas que tengan vecindad administrativa en alguno de los municipios de la Comunidad de Euskadi. De esta forma, todos los ciudadanos y ciudadanas vascas gozarán de los mismos derechos y deberes sin ningún tipo de discriminación. A estos efectos, los poderes públicos vascos velarán por el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía vasca en el ámbito de la Comunidad de Euskadi.

Asimismo, se atribuye al Parlamento Vasco el desarrollo constitucional de los derechos fundamentales relacionados con la participación y representatividad de la ciudadanía vasca en la vida política, económica y social de la Comunidad de Euskadi, regulando a tal efecto, la creación  y reconocimiento de partidos políticos, organismos sindicales y asociaciones empresariales.

Pretendemos evitar falsas acusaciones demagógicas en relación con la existencia y el reconocimiento de una nacionalidad vasca, de conformidad con la plurinacionalidad del Estado español. En este sentido, se establece oficialmente el reconocimiento de la nacionalidad vasca para todos los ciudadanos y ciudadanas vascas, con la misma validez que la nacionalidad española. Nadie podrá ser discriminado en razón de su nacionalidad ni privado arbitrariamente de la misma.

La Ley del Parlamento Vasco que regule la nacionalidad vasca, atenderá a los mismos requisitos exigidos por el Estado para la adquisición, pérdida o acreditación de la nacionalidad española. La nacionalidad vasca será totalmente compatible con la nacionalidad española, de tal forma que no resulte preciso renunciar a la nacionalidad española para disfrutar de la nacionalidad vasca y viceversa.

El nuevo Estatuto Político establece, con carácter prioritario, la defensa y protección de los derechos humanos y de las libertades.

A tal efecto, el Parlamento Vasco recogerá, de forma específica, un capítulo referido a la defensa y protección de los derechos humanos y de las libertades, en el marco de la aprobación de una Carta de Derechos y Deberes Civiles y Políticos de la ciudadanía vasca, que incluirá los derechos y deberes contemplados en la Constitución y en los Tratados de la Unión Europea, así como los contemplados en los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos.

Asimismo, una Ley de Desarrollo del Parlamento regulará la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Libertades como instrumento independiente para velar por la defensa de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción.

Entre los derechos de la ciudadanía vasca, se articula en el nuevo Estatuto Político la participación de la sociedad civil no sólo en el ámbito socioeconómico, sino también en el resto de áreas sociales, culturales y educativas que conforman la acción política de las Instituciones vascas. Asimismo, se regularán los elementos esenciales de la iniciativa legislativa popular ante el Parlamento Vasco.

Derecho al Buen Gobierno y a la Buena Administración

Se contempla, asimismo, un apartado específico en el que todos los ciudadanos y ciudadanas vascas tendrán reconocido y garantizado el funcionamiento transparente de la Administración, el derecho a la información y la obligación de garantizar la eficiencia y la eficacia en la gestión de los servicios públicos.

El desarrollo de estas bases se sustenta en el derecho que les asiste a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Vasca, a los de la Comunidad Foral de Navarra y a los de Iparralde, como integrantes del Pueblo Vasco, para establecer los vínculos políticos y las relaciones internas que consideren más adecuadas para su desarrollo y bienestar, sin más limitación que su propia voluntad.

Desde el punto de vista democrático, ¿qué razones se pueden argumentar para impedir, dificultar o prohibir que los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Vasca, de la Comunidad Foral de Navarra y de Iparralde puedan estrechar sus relaciones políticas, económicas, sociales y culturales si así lo desean? ¿A quién hacemos daño?

Desde esta premisa de respeto a las decisiones democráticas de cada cual, planteamos algo muy sencillo:

Primero: Que la Comunidad Vasca y la Comunidad Foral de Navarra puedan establecer los vínculos políticos y las relaciones internas a nivel municipal y territorial que consideren más adecuadas, sin más limitación que la propia voluntad de la ciudadanía respectiva de ambas Comunidades.

Segundo: Que, en consecuencia, el Estado no ponga trabas legales a la voluntad democrática y respete la celebración de Convenios y Acuerdos de Cooperación entre ambas Comunidades.

Tercero: Si bien el actual Estatuto de Gernika y la Constitución española contemplan la posibilidad de que Navarra, si así lo desea, se incorpore a la Comunidad Autónoma Vasca, quiero anunciarles que nuestro propósito es mejorar estas previsiones en términos de respeto a la voluntad de las partes. Así, manifestamos que nadie tendrá que incorporarse al proyecto político de nadie. En consecuencia, si alguna vez los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Vasca y los de la Comunidad Foral de Navarra, decidimos libre y democráticamente en el futuro, construir proyectos políticos o estructuras políticas conjuntas, las que sean, de la naturaleza e intensidad que sean, será, única y exclusivamente, porque así lo habremos decidido, primero, cada uno en su casa y después, todos juntos.

Cuarto: En cuanto a las relaciones con Iparralde en el nuevo Estatuto Político, se plantea la capacidad de firmar tratados y acuerdos bilaterales que permitan estrechar las relaciones y los instrumentos de cooperación, a nivel municipal y territorial, utilizando las potencialidades de la cooperación transfronteriza, que tan profusamente se están aplicando a lo largo y ancho de toda Europa.